Principios de Predictibilidad y Certeza en las Decisiones Judiciales Respecto de la Aplicación de las Reglas de Exclusión de la Prueba Ilícita en los Delitos de Corrupción de Funcionarios, Perú 2016

Abstract

El estudio de la teoría de la prueba “ilícita” o “prohibida” es probablemente uno de los temas más complejos de los que se viene ocupando ampliamente la doctrina procesalista en la actualidad. Una aproximación a su estudio revela que lo complejo y polivalente de su tratamiento inicia en su sola denominación, pues la doctrina no ha sido unánime al respecto. En este sentido, para hacer alusión a la institución en estudio, se emplean –entre otros- los siguientes términos: prueba prohibida, prueba ilegal, prueba ilícita, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba irregular, o prueba viciada. Las citadas denominaciones son empleadas, en ocasiones, por la doctrina y jurisprudencia como sinónimos o términos equivalentes; no obstante, como será posible apreciar en el desarrollo de esta investigación, ello no es correcto, pues, a efectos de destacar dicha errónea homologación, es imperante iniciar resaltando la sustancial diferencia existente –en cuanto a términos conceptuales y efectos procesales- entre la prueba ilícita y la prueba irregular. En cuanto a lo expuesto en el párrafo que precede, cabe mencionar la importancia de identificar tal divergencia, toda vez que ambas instituciones desencadenan efectos procesales distintos. Pues, la regla de exclusión y la traslación de su eficacia a la prueba refleja o derivada, se predican únicamente a la prueba ilícita o prohibida, como será posible apreciar en adelante, más no a la prueba irregular. Entonces, habiéndose delimitado esta investigación al tratamiento de aquella institución que comprende la obtención de la fuente prueba a través de mecanismos o actos vulneratorios del contenido esencial de los derechos fundamentales, corresponde precisar ahora que, dada su vinculación estrecha o más concretamente- su injerencia en estos últimos, su tratamiento además de complejo, asume una connotación controversial dado que su inadmisión e inutilización parece haber sido la aparente solución en el polémico escenario en el que tiene lugar. Sin embargo, al respecto, también se tienen corrientes doctrinarias y/o teorías que asumen su posible admisión o utilización. En el contexto del proceso penal, la prueba ilícita pone en relieve la existencia de una tensión entre dos intereses jurídicos enfrentados, ambos susceptibles de tutela constitucional. De un lado, la búsqueda de la verdad material a través del proceso, en el que el Estado ejerce el ius puniendi para sancionar a quienes incumplan la ley, este interés jurídico se corresponde a su vez con otros principios o intereses sociales: como la consecución de un ideal de justicia, el mantenimiento del orden social, la confianza de la sociedad en la administración de justicia. De otro lado, están los derechos y libertades individuales que en el Estado de Derecho son un límite a la actuación de los poderes públicos. En consecuencia, la prueba ilícita representa el siempre presente conflicto entre; de un lado, el respeto a los derechos fundamentales viabilizados a través de la exclusión de la prueba ilícita y; de otro, la primacía del interés colectivo, la exigencia social de seguridad, y demás derechos e intereses también merecedores de tutela jurídica. La aplicación de la regla de exclusión, parece dar solución a solo uno de los aspectos problemáticos mencionados, pues ha permitido que, en diferentes ocasiones, pruebas relevantes y fiables hayan sido excluidas de los procesos penales, generando la impunidad del delito cometido. Ha de precisarse –además- que es cierto que su aplicación ha sufrido un fenómeno de debilitamiento que ha permitido la instauración de diferentes teorías o doctrinas, a las cuales se les denomina excepciones, que permiten la admisibilidad y utilización de la prueba que se estima ilícita. Sin embargo, en la legislación nacional, el Código Procesal Penal de 2004, en el artículo VIII de su Título Preliminar; así como en su artículo 159° recepciona de modo absoluto la doctrina de la exclusión de la prueba ilícita. Esto último ha desencadenado que, en atención a su origen, su tratamiento a la actualidad se haya limitado también al ámbito jurisprudencial. No obstante ello, en la jurisprudencia nacional ha significado un estudio y análisis disperso de esta institución, pues en la actualidad la prueba ilícita ha cobrado un rol importantísimo en los procesos penales, sobre todo en aquellos seguidos contra funcionarios públicos por la comisión de delitos de corrupción, en donde los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales para excluir o rechazar las pruebas cuestionadas de ilicitud no han sido unánimes y; en consecuencia, han dejado la puerta abierta para la proclamación de la absolución de culpables. Dadas las precisiones esbozadas, esta investigación pretende exponer el estudio doctrinal y jurisprudencial de la institución jurídica de la “prueba ilícita”, para a partir de ello poner en manifiesto la falta de uniformidad de criterios jurisprudenciales en cuanto a la aplicación de la regla de exclusión, y –a su vez-, evidenciar las consecuencias negativas de la concepción absoluta de esta última. Asimismo, se ha propuesto la reconfiguración de la regla de exclusión, de tal manera que, la admisibilidad de la prueba ilícita, sea una realidad más concreta y objetiva.