El ejercicio del control constitucional difuso en el Perú por la inaplicación en sede administrativa del artículo 46 de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, periodo 2019-2020

Abstract

Al surgir el conflicto entre la ley y la Norma Suprema, el Tribunal Constitucional retrocedió en su postura inicial de confiarle a la administración pública el ejercicio del control difuso para inaplicar una ley por contravenir la Constitución, sosteniendo que se desnaturalizaba una competencia otorgada exclusivamente por la Constitución al Poder Judicial, y que extender su ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional implicaría un peligroso nuevo paradigma de poder para los Tribunales Administrativos: decidir que solamente la ley constitucional es ley. Sin embargo, la Contraloría General de la República al enfrentar el dilema constitucional de tener procedimientos administrativos sancionadores bajo el amparo del artículo 46 de la Ley 30742 que reprodujo íntegramente las condutas infractoras del artículo 46 de la Ley 29622 declaradas inconstitucionales en la Sentencia Nro. 020-2015-PI/TC, concluyó que estas también son afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional y declaró la conclusión de todos los procedimientos en curso realizando un control constitucional de facto. El presente trabajo de investigación desde una óptica descriptiva y explicativa aborda el nivel de influencia de los fundamentos jurídicos: normativos, jurisprudenciales y doctrinales del ejercicio de control constitucional difuso del Perú en la inaplicación del artículo 46 de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República durante el periodo 2019 a 2020, y concluye que en aras de la supremacía normativa de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales se justifica devolverle a los Tribunales Administrativos un control complementario de constitucionalidad que debe ser elevado en consulta directamente al Tribunal Constitucional.